La ley 12/92 de integración Social del Minusválido (LISMI) obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a integrar en su plantilla a una persona con certificado de discapacidad. Es decir, cada empresa mayor de 50 trabajadores debe reservar el 2% de sus plazas de trabajo para personas con discapacidad. Las personas que tienen este certificado pueden tener distintos tipos de discapacidad: física, psíquica y sensorial. También se incluye a las personas que tienen trastornos de salud mental.